187 presos políticos pasan fiestas de fin de año sin sus familias

En Bolivia hay 187 presos políticos, según un último informe de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y este 24 de diciembre Mario Antonio Bascopé cumplió dos años detenido en la cárcel de San Roque de Sucre donde también está detenido su hermano Fabio con quién no puede hablar ni compartir su pena.

Arce Catacora y sus ministros Iván Lima y Eduardo Castillo han demostrado vileza y crueldad para castigar la disidencia política.

JUSTICIA ASESINA

En abril, tras siete años de cárcel y 256 procesos penales, murió Marco Antonio Aramayo por haber denunciado el desfalco de 100 millones de dólares en el Fondo Indígena.

Su muerte no conmovió al régimen, por el contrario, trasladaron de La Paz a Palmasola en Santa Cruz, a Elvira Parra, la primera directora del Fondo Indígena, que no tiene nada que ver con el desfalco, pero padece 150 procesos, siete años de cárcel sin sentencia y ahora, estando tan lejos de su familia, no puede siquiera recibir la visita de sus cuatro hijos, el último nacido poco antes de ser detenida.

LA VERGONZOSA IMPUNIDAD

¡Qué contraste con los amigos y funcionarios del régimen!

Libertad para quien participó de un triple asesinato de policías, el capitán Álvaro Muñoz. Tolerancia para la corrupción, aunque las pruebas sean del tamaño de 44 ambulancias. El gobernador de Potosí sigue campante, al igual que el presidente de la ABC y los de Yacimientos.

CASTIGO SIN CRIMEN

La expresidenta Jeanine Añez cumple un año y nueve meses presa en condiciones indignas, en aislamiento, con visitas restringidas, sin una radio o celular y en permanente hostigamiento organizado por el Régimen Penitenciario.

Ha sido sometida a juicios ordinarios negando su condición de expresidenta de la Nación y sentenciada a 10 años por incumplimiento de deberes y otros.

Le esperan varios otros juicios sin ninguna posibilidad de por lo menos ser escuchada, ya no hablemos de defensa porque todas sus pruebas son sistemáticamente rechazadas.

Otros 44 padecen similar suerte entre militares, policías y funcionarios del gobierno transitorio.

TODO PRETEXTO ES BUENO PARA PERSEGUIR Y ENCARCELAR

Marco Antonio Pumari está detenido desde hace 11 meses y perseguidos varios otros de COMCIPO como Ramiro Subia, por supuestamente haber quemado la corte electoral durante la lucha contra el fraude electoral en 2019.

Cuatro de la Resistencia Cochala corrieron la misma suerte por una pintada en la. Fiscalía de Sucre. Para ellos piden 20 años de prisión. Mencionamos a un principio a los hermanos Bascopé y en el banquillo también se encuentran Yassir Molina y Milena Soto.

JUICIOS Y MÁS JUICIOS

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, de la fracción arcista del MAS, ha sido nominada por el New York Times entre las 100 mujeres más influyentes del planeta. Y esa influencia le ha servido para encarcelar a su antecesora, la opositora Soledad Chapetón que entró a Obrajes dando de lactar a su pequeña hija y sin posibilidad de presentar sus descargos.

Toda autoridad o exautoridad opositora acumula juicio tras juicio como una soga en cuello que el régimen corre cuando ve por conveniente.

Es el caso de Manfred Reyes Villa, Juan del Granado, Luis Fernando Camacho, Rodrigo Paz Pereira y otros.

LA ABROGACIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA

El gobierno ha organizado grupos irregulares de choque para disolver de manera violenta las marchas, paros y toda expresión de protesta contra el régimen.

Tres jóvenes de la resistencia paceña que asistieron el 21 de julio a una marcha fueron encarcelados. Richard Blass se declaró culpable con la ilusión de una pronta liberación y Mauricio Bruzzone Y Rodolfo Rodríguez lograron libertad con una fianza de 15 mil bolivianos.

DOS COLOSALES MOVILIZACIONES

En agosto, cuando los cocaleros de los Yungas llegaron a La Paz para defender el mercado legal de ADEPCOCA y en octubre y noviembre, durante el paro de los 36 días en Santa Cruz, se puso en evidencia a dos ministros, el de Obras Públicas y el de Gobierno, quienes estuvieron a   la cabeza de los grupos de choque que desataron tal violencia que dejaron decenas de heridos y un muerto por gas lacrimógeno en Puerto Quijarro.

Sin embargo, los detenidos solo fueron los que salieron a exigir sus derechos y se defendieron de los ataques de los paramilitares masistas que actuaron en coordinación con la Policía, tal como había ocurrido en octubre de 2019.

COCALEROS SOLO VEN INJUSTICIA

24 cocaleros fueron detenidos. La mayoría está con detención domiciliaria, pero los ocho principales siguen encarcelados. Entre ellos, César Apaza en Chonchocoro y Freddy Machicado, Gonzalo Lapaca, Raúl Uría y Juan Cacarico en San Pedro de La Paz.

LOS 36 DÍAS DE REPRESIÓN CONTINUA

El paro de los 36 días logró liberar a 15 detenidos, pero aún hay varios en prisión preventiva. Entre ellos, el camarógrafo Sebastián Méndez a quien la policía le plantó una botella Molotov, hecho registrado en un video que el juez no quiso tomar en cuenta.

Jaime Algarañaz Dorado, está con detención preventiva en el penal de Puerto Suarez. Fue aprehendido junto a otros dos cívicos de Puerto Quijarro, acusados de la muerte de un funcionario municipal, Pablo Taborga. Sin embargo, el propio hijo del fallecido declaró que la muerte se produjo por asfixia causada por los gases lacrimógenos lanzados por la Policía. Algarañaz padece de dolencias cardiacas que lo llevaron a hospitalizarse durante dos semanas, a pesar de ello, el ministro Del Castillo celebró su detención preventiva por seis meses.

En La Guardia, el 1 de noviembre, después de un feroz ataque de los masistas a quienes cumplían el paro indefinido, la Policía procedió a detener a las víctimas del ataque. Uno de ellos es   Anderson L. quien fue gasificado y torturado en las celdas policiales. Por denunciar estos hechos el juez del régimen lo mantiene encarcelado.

Y, finalmente, el gobierno pretende procesar a tres del Comité Interinstitucional, Calvo, Cuellar y Camacho acusados de causar millonarias pérdidas. En cambio, no habrá juicio para los ministros que organizaron el cerco campesino, que prohibieron las exportaciones y bloquearon la venta de carburantes. Definitivamente este 2022 fue un “annus horribilis” para los Derechos Humanos. (Brújula Digital-Cabildeo)