La tercera jornada del paro indefinido subió de tono por los enfrentamientos registrados en diferentes departamentos del país. El cabildo convocado por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), determinó dar 24 horas al presidente del Estado, Luis Arce Catacora, para abrogue la Ley 1306 de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas; asimismo, exigió la renuncia del gobernador Jhonny Mamani, a quien consideraron el principal responsable de las jornadas de violencia de los dos últimos días, que dio como resultado una persona muerta.
El cabildo de ayer no solo demandó la dimisión de Mamani, sino también del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Marcial Ayali, además del comandante departamental de la Policía, coronel Juan Carlos Mercado, este último relevado de su cargo por el coronel Bernardo Isnado.
Entretanto, la autoridad departamental recordó que, tanto su persona como Ayali, fueron elegidas democráticamente en las pasadas elecciones subnacionales en las 16 provincias del departamento.
“Nosotros no hemos sido elegidos en un cabildo, nosotros no hemos sido elegidos por la directiva del Comité Cívico, nosotros nos debemos al voto soberano de un pueblo que ha participado de unas elecciones democráticas”, añadió.
En la resolución leída por el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Juan Carlos Manuel, se acusó a Mamani y Ayali de “financiar y encabezar los enfrentamientos” con sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) que derivaron ayer en el deceso de una persona en medio de fuertes enfrentamientos.
ARCE: OPOSICIÓN MIENTE
El presidente Luis Arce acusó a la oposición de “mentir todo el tiempo” con el hecho de que se pretenda afectar a la ciudadanía con las leyes que se aprueben desde su administración. Afirmó, además, que no permitirá que pase como en la crisis de 2019.
El mandatario aseguró que desde su administración se busque afectar a la ciudadanía a la propiedad privada de los “más humildes” con la norma en cuestión.
De abrogarse la Ley 1386, dijo que la oposición luego buscará ir en contra de otras leyes y hasta incluso, la misma Constitución Política del Estado. En su criterio, eso no es lo que realmente le interese, sino los procesos que se llevan adelante por la crisis generada en 2019.
“Nosotros no vamos a permitir, como ustedes mismos lo han dicho, no vamos a permitir otra vez que pase como el 2019 y no solamente en acá en nuestro departamento de La Paz, es en los nueve departamentos donde los hermanos están decididos”, advirtió.
Arce instó a las organizaciones sociales a “defender” el denominado proceso de cambio ante los presuntos afanes que buscan la desestabilización de su administración.
RESOLUCIONES DEL CABILDO
- Declarar persona no grata y enemigo de la población potosina al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca, por “ser racistas y discriminadores al no atender las demandas de Potosí”.
- Exigir la renuncia del gobernador Jhonny Mamani, del presidente de la Asamblea Legislativa de Potosí Marcial Ayali “por financiar y encabezar los enfrentamientos con los hermanos campesinos” que terminaron con un fallecido, un joven indígena.
- Exigir la renuncia del comandante departamental de Policía Juan Carlos Mercado “por no resguardar el orden y parcializarse con la gente del MAS”
- Dan plazo de 24 horas al Ministerio Público para que de oficio inicie un proceso en contra del gobernador, autor o autores materiales e intelectuales por el deceso de un ciudadano potosino, caso contrario piden la renuncia de la fiscala departamental Roxana Choque.
- Dan plazo de 24 horas al gobierno de Luis Arce abrogar la ley 1386 y el paquete de leyes “anticonstitucionales y antedemocráticas por ir en contra de la población boliviana”.
6.- Se exige a los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional restituir los dos tercios para la aprobación de leyes constitucionales y democráticas que favorezcan a los bolivianos y eliminar la mayoría simple que “solo es utilizado para aprobar cualquier cosa de leyes a provechando el ridillo masista, ocasionando perjuicios al pueblo boliviano”.
- Se exige proceso penal a los ciudadanos Tomas Acarapi Suyo, Martin Buezo y Mario Mamani Salazar, de la subcentral Tomás Frías quienes “los trajeron a los hermanos del área rural para confrontar con el pueblo potosino por órdenes del gobernador y del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental”.
- No se aceptará ninguna persecución política a quienes se movilizan en el país y en Departamento. Se declaran en alerta
- Piden anular todos los procesos políticos de persecución que encararon desde el momento que han entrado al poder, como el caso de Ramiro Subia.
- A pedido del pueblo piden la renuncia de la Defensora del Pueblo Vilma Martínez, a quien acusaron de parcialidad.
- Además pidieron al rector de la Universidad Autónoma Tomás Frías, Roberto Bohórquez, dar un paso al costado si no se suma a la lucha del pueblo.
- Piden a los comités cívicos y organizaciones del país sumarse a la lucha conjunta.
- Pidieron a los policías y militares y a las bases que “son manipuladas” unificarse a la lucha del pueblo potosino y boliviano. (EL DIARIO y agencias)