Página Siete Digital / La Paz
“El Gobierno quiere enterrar su irresponsabilidad endilgándome a mí el ‘muerto’”, expresó hoy el expresidente Carlos Mesa con relación al caso NMM-Quiborax por el cual el Gobierno le inició un proceso ante la Fiscalía General del Estado.
Para el exmandatario, es el actual Gobierno el responsable de la derrota en el laudo arbitral contra la chilena NMM-Quiborax ante el CIADI, toda vez que pese a la falsificación del acta de constitución de la empresa en Bolivia y la posibilidad de acabar con el lío con el pago de 3 millones de dólares, terminó por perder un proceso que le valió más de 42 millones de dólares.
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A esos argumentos, Mesa agregó que NMM-Quiborax invirtió menos de un millón de dólares en sus concesiones en el Salar de Uyuni, además que carecía de estudios técnicos y geológicos que probaran su expectativa de explotación, por lo cual no contaba con un plan de inversiones y no podía presentar un plan de exploración de yacimientos.
“La combinación del delito flagrante de falsificación del documento madre del proceso y la simple presentación de un flujo de caja, hacían inverosímil el reclamo de la cifra astronómica que le exigieron a Bolivia y la que, como producto de tamaña irresponsabilidad del Ministerio de Defensa del Estado y de la Procuraduría, Bolivia acabó pagando”, señaló Mesa a través de un post en su blog personal.
Es en esa línea que, precisó el expresidente, el Gobierno busca un doble resultado con el proceso en su contra ante la Fiscalía: “eximir su daño al Estado y eliminar a una figura política relevante en un escenario electoral ficticio, que se basa en la ilegal postulación del primer mandatario a un cuarto periodo presidencial”.
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Por este proceso, Mesa presentó también una denuncia por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes contra los ministros de Justicia, Héctor Arce; y de Minería, César Navarro, y el Procurador General del Estado, Pablo Menacho, y la exprocuradora Elizabeth Arismendi.
Mesa es acusado por la Procuraduría por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a la Leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por la reversión de las concesiones de NMM-Quiborax.